La factura electrónica ya es una realidad. Según se desprende de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, como norma general, a partir del 1 de enero de 2010 la Administración española tiene la obligación de poner al servicio de los ciudadanos los medios y sistemas electrónicos necesarios que garanticen el correlativo derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración por dichos medios, siendo la facturación electrónica una manifestación más del derecho que esta Ley concede a los ciudadanos. Paralelamente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público obliga a aquellas entidades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada al uso de la factura electrónica a partir de 1 de Agosto de 2009 cuando contraten con la Administración, y a partir de 1 de noviembre de 2010, dicha obligación alcanzará a la totalidad de entidades que contraten con la Administración.